América Latina y el Caribe están viviendo una acelerada expansión de proyectos petroleros y de gas, impulsada tanto por empresas internacionales como por gigantes estatales como Petróleos Mexicanos, Pemex, en México, y Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, en Brasil. Sin embargo, esta expansión va en contra de los compromisos climáticos internacionales y tiene un alto costo ambiental y social, advierten organizaciones ambientalistas en su informe “El rastro del dinero detrás de la expansión de los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe”, presentado el miércoles (1.10.2025) en inglés.
Según el estudio, elaborado por la oenegé alemana Urgewald, la brasileña Arayara, la argentina FARN, la mexicana Conexiones climáticas y Amazon Watch, desde 2022 las empresas en la región gastaron más de 28.000 millones de dólares en exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas.
Petroleras públicas apuestan a tecnologías de riesgo
La petrolera semipública brasileña Petrobras lidera la expansión petrolera con una cuota del 29 por ciento en el aumento proyectado de producción de petróleo y gas, seguido de la privada estadounidense ExxonMobil, la argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, (con mayoría accionaria del Estado), la multinacional privada Shell y la empresa pública mexicana Pemex, según dicho informe.
Los autores subrayan la presencia de empresas públicas en esa lista. Especialmente las dos grandes firmas petroleras de la región, Pemex y Petrobras. Ambas apuestan en gran medida a métodos no convencionales como la fracturación hidráulica (fracking) y la explotación en aguas ultraprofundas (a más de 6.000 metros), considerados conflictivos y de alto riesgo por los ambientalistas.
“No se ve ninguna transición hacia energías limpias en las empresas públicas”, objeta durante la presentación Heffa Schücking, de Urgewald, una de las autoras del informe. “Petrobras, por ejemplo, recibe el 98 por ciento de sus ganancias de combustibles fósiles”, apunta.
La expansión petrolera latinoamericana está profundamente apoyada por el financiamiento externo, halló el estudio. En los últimos tres años, 297 bancos han otorgado más de 138.000 millones de dólares a empresas que desarrollan nuevos proyectos fósiles en la región.
Dinero de bancos europeos y fondos de EE. UU.
De esa suma, aproximadamente el 29 por ciento proviene de bancos europeos, siendo Santander (España) el mayor financiador, con 9.900 millones de dólares, seguido por BBVA (también de España) con 4.500 millones, HSBC (Reino Unido) con 4.400 millones y Deutsche Bank (Alemania) con 3.400 millones. Con un 25 por ciento siguen los bancos de EE. UU., con un 14 por ciento los canadienses, y con un 10 por ciento los chinos.
Además, los bancos europeos tienen también participaciones accionarias e inversiones en bonos de estas empresas. Por ejemplo, el banco suizo UBS ha invertido más de 5.500 millones de dólares en empresas petroleras, incluyendo a Petrobras.
Sin embargo, los mayores inversionistas institucionales en empresas fósiles de América latina provienen de EE. UU. y son los fondos de inversión Vanguard (40.900 millones de dólares), BlackRock (35.300 millones de dólares) y Capital Group (16.800 millones de dólares).
Deuda, dependencia y corrupción
“Estas cifras reflejan la dependencia que tienen las petroleras latinoamericanas de capital extranjero para sostener y ampliar sus operaciones, pese a la declaración global para la transición energética”, criticó Schücking.
“Los bancos y los inversionistas consideran que la inversión en energías fósiles es segura, ya que cuenta con el respaldo del Estado”, comentó Mary Mijares, de Amazon Watch, en la presentación del informe.
Mijares añadió que en Perú se han producido una serie de rescates financieros por parte del Gobierno con el fin de proporcionar a la petrolera estatal Petroperú liquidez a corto plazo.
México, por su parte, sigue subsidiando con dinero público a Pemex, una empresa altamente endeudada e involucrada en escándalos de corrupción. Hace poco se supo que una mafia compuesta por oficiales de la Marina de México, empresarios, políticos y empleados de Pemex contrabandeaban desde EE. UU. gasolina robada a la empresa estatal, causando un daño al erario público de casi 42.000 millones de dólares.
Violando derechos para el lucro privado
La expansión de combustibles fósiles no solamente alimenta la corrupción y el endeudamiento, sino que también daña a comunidades afectadas que sufren contaminación, desplazamientos y amenazas constantes.
En Brasil, el pueblo originario mura enfrenta la exploración cercana a sus territorios, sin una consulta adecuada ni medidas de mitigación. Jonas Mura, vocero y líder indígena, declaró a los medios: “Solo supimos de la exploración cuando llegaron las máquinas. Cortaron miles de árboles y contaminaron nuestro río. Nos amenazaron y quemaron mi casa. Seguiremos luchando por nuestros derechos”.
Además, la infraestructura que acompaña esta expansión incluye casi 8.800 kilómetros de nuevas tuberías de gas y petróleo, así como 13 terminales de importación de gas natural licuado (GNL) y 19 terminales de exportación. Brasil, que apuesta a convertirse en un nodo latinoamericano de conexión para los centros de datos de inteligencia artificial estadounidenses y chinos, es el mayor impulsor de proyectos para aumentar la capacidad de importación, mientras que México lidera en cuanto a planes para nuevas terminales de exportación, que servirían, sobre todo, para exportar el gas proveniente de EE. UU.
La construcción de esas terminales está prevista en una de las zonas marinas más biodiversas del mundo, el Golfo de Baja California. Esa zona del Pacífico, conocida como “el Acuario del mundo”, viven cinco especies de ballenas, 900 especies de peces, seis especies de tortugas, y de ella proviene la mitad de la producción pesquera de México. “Alli se quieren construir tres terminales para servir a intereses extranjeros”, cuestiona Pablo Montaño, experto de Conexiones Climáticas, en entrevista con DW.
El informe advierte que esta senda de expansión petrolera y gasífera intensifica la crisis climática al bloquear inversiones y políticas que apunten a una transición energética rápida y justa, y demanda una desinversión urgente y el cese del financiamiento por parte de bancos e inversionistas globales.
